Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

Raramente me pronuncio públicamente a favor o en contra de los diferentes movimientos políticos y/o sociales que se dan pero ésta vez, es de ésas pocas que hay que hacerlo.

No es solo por el contenido en sí (discutible, estudiable, argumentable, ... de todo) sino sobretodo por las formas. Llevamos más de 30 años viviendo en un país democrático en el que se supone que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial son independientes unos de otros y con atribuciones exclusivas. Ninguno de ellos puede hacer el trabajo del otro. O así me lo enseñaron en el colegio hace muchos años.

El Ministerio de Cultura, creo que forma parte del poder ejecutivo. El anteproyecto de ley de economia sostenible, se redacta por el poder legislativo (de ley), el poder ejecutivo supervisa su cumplimiento (o no) y la órden de cerrar páginas web la dicta el poder judicial en arreglo a las leyes dictadas por el poder legislativo previa solicitud del poder ejecutivo.

Pero, ¿que pasa cuando un miembro del poder ejecutivo se cree miembro del poder legislativo y redacta una ley que añade con un clip a un proyecto del poder legislativo? ¿Que ocurre cuando éste añadido además le otorga al poder ejecutivo las funciones del poder judicial?

Y para terminar, ¿Que pasa si además, éste añadido no tiene nada que ver con el tema que trata el anteproyecto de ley al cual lo han añadido? Porque a juzgar por el título del anteproyecto de ley, es para mejorar el futuro económico (y productivo) del país, no para hablar de webs con contenido presuntamente ilícito.

Bien, ocurren cosas como el siguiente manifiesto, que no es más que el detonante de una serie de despropósitos legislativos del Ministerio de Cultura de España.

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Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

PD: La redacción del manifiesto es un tanto catastrofista y mezcla cosas como la neutralidad en la red y la crítica a modelos de negocio de organizaciones privadas con el verdadero motivo: el asalto por parte del Ministerio de Cultura a los poderes exclusivos del poder judicial. Pero aun así, estoy de acuerdo con la iniciativa.